Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su Gobierno haya establecido un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, para detener al exfiscal estatal César Jáuregui Moreno. La mandataria aseguró que las decisiones judiciales deben sustentarse en pruebas y no responder a negociaciones políticas.
Durante su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum también rechazó haber exonerado a la gobernadora o haber negociado ofrecerle una embajada a cambio de la detención del exfuncionario. Sostuvo que corresponde a las fiscalías investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades conforme a la ley.
El caso se originó por la presunta participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra Tarahumara, realizado en abril sin la autorización federal correspondiente. Tras esa intervención, un accidente automovilístico provocó la muerte de los dos agentes estadounidenses y de dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.
Jáuregui, quien encabezó anteriormente la Fiscalía estatal, enfrenta acusaciones relacionadas con su presunta responsabilidad en la intervención de personal extranjero en territorio mexicano. El exfiscal ha negado haber autorizado la participación de los agentes y ha cuestionado los señalamientos en su contra.
La gobernadora Maru Campos, por su parte, respaldó la aplicación de la ley y sostuvo que ningún funcionario está por encima de ella. Su postura ha profundizado el distanciamiento político con Jáuregui, quien anteriormente fue uno de sus colaboradores cercanos.
Sheinbaum afirmó que, con los elementos conocidos hasta ahora, no existen pruebas que acrediten que Campos haya ordenado directamente el operativo. Sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan y que las autoridades ministeriales deberán determinar si existen otros responsables.
El caso ha generado una controversia política en Chihuahua y a nivel nacional, debido a las implicaciones de la cooperación con agencias extranjeras, los límites de su actuación en México y las posibles consecuencias legales para los funcionarios involucrados.