Puerto Peñasco, Son., 7 de agosto de 2024.- Un ex funcionario del Poder Judicial del Estado de Sonora (PJES), identificado como Héctor “N”, de 27 años, fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, contra la administración y procuración de justicia, falsificación de documentos y usurpación de funciones públicas o de profesión, ante los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).
Los hechos que se le imputan ocurrieron en Puerto Peñasco entre el 26 de marzo de 2023 y el 14 de febrero de 2024, durante este periodo, Héctor “N” realizó múltiples formatos de razones actuariales firmadas en blanco y otros con información parcial en diversos expedientes, falsificando documentos al certificar hechos que no le constaban en su labor como actuario ejecutor en el Poder Judicial del Estado de Sonora (PJES).
Además, entre el 29 de agosto y el 27 de noviembre de 2023, tuvo bajo su cargo un vehículo oficial Nissan Versa, modelo 2022, que utilizó de manera personal fuera del horario laboral y durante los fines de semana, llevándolo fuera de la ciudad y del Estado, y usándolo para ir a supermercados, restaurantes y domicilios particulares.
Después de renunciar a su cargo de actuario el 14 de febrero de 2024, Héctor “N” continuó utilizando su usuario y contraseña para acceder a la plataforma del Tribunal Laboral entre el 15 y el 18 de febrero, revisando actuaciones de diversos expedientes y usurpando funciones propias de un servidor público.
Héctor “N” fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con base en una orden de aprehensión emitida por un Juez competente; posteriormente, fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO), donde se le vinculó a proceso y se le dictó prisión preventiva en la audiencia inicial.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa con las investigaciones del caso para que en los tribunales se apliquen las sanciones conforme a derecho, ya que en Sonora nadie está por encima de la ley.