Monterrey, N. L., 13 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad, con 40 votos a favor, una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia que fortalece los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad. La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena de la Garza Venecia, integrante del Grupo Legislativo del PRI.
La reforma adiciona dos nuevas atribuciones al Fiscal General: coordinarse con los tres órdenes de gobierno para implementar el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y celebrar convenios con empresas de telefonía móvil para difundir alertas en tiempo real mediante mensajes SMS y notificaciones push.
«No es un secreto para nadie que México tiene un problema con la desaparición de personas. Y tampoco es un tema político, porque no es un tema que solamente haya pasado en esta administración. Han pasado muchas administraciones y el problema de las personas desaparecidas sigue siendo una constante. Y pareciera que no hemos encontrado como autoridades el mecanismo con el cual podamos hacer una búsqueda eficiente de las personas que tienen reporte de desaparición», señaló la diputada durante su intervención en tribuna.
La urgencia de la reforma se sustenta en cifras alarmantes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 2025 se registraron 10,707 reportes de desaparición de menores en México, 29 casos diarios, y al inicio de 2026, 2,856 menores continuaban sin ser localizados. Nuevo León ocupa el quinto lugar nacional con 6,733 personas desaparecidas registradas.
La diputada destacó la necesidad de actualizar los protocolos de búsqueda a la realidad tecnológica actual: «Un protocolo que te obliga a que pasen 24 o 48 horas sin tener contacto con una persona desaparecida, no corresponde a la realidad que vivimos, ese tiempo hoy es muy amplio. Quizá antes, cuando no había teléfonos celulares, era un tiempo prudente. Pero hoy en día, cuando tienes comunicación prácticamente las 24 horas del día, pues también hay que hacer una actualizaciónque responda a la forma en la que nos comunicamos, que es prácticamente en tiempo real».
Además de la coordinación interinstitucional, la reforma obliga al Poder Ejecutivo a destinar recursos suficientes en la Ley de Egresos para que la Fiscalía pueda cumplir con las nuevas disposiciones, y fija un plazo de 90 días para que la institución actualice su reglamento interior.