Saltillo, Coah., 23 de febrero de 2024.- Por anomalías en el manejo de recursos de los maestros, en un monto superior a los 300 millones de pesos, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ha integrado más de 20 denuncias, de diferentes ejercicios fiscales, que corresponden a la secciones 35 y algunos organismos de la sección 38 como es el seguro de los maestros, el FOVI y la Dirección de Pensiones, entre otros.
El Fiscal, Jesús Homero Flores Mier señaló lo anterior y agregó que hasta el momento no se ha logrado acreditar alguno de los hechos o responsabilidades señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), sin embargo ya comenzó el proceso de investigación y la solicitud de información para agotar el tema.
“Estamos iniciando las indagatorias, se ha recaudado información, hemos recabado las pruebas testimoniales y bueno pues estamos todavía esperando algunos dictámenes contables del área de peritajes para poder proceder legalmente y deslindar las responsabilidades que resulten”, mencionó.
Expuso que las carpetas más antiguas corresponden al ejercicio 2016 debido a que son documentos que contienen mucha información, la cual se ha tenido que ir desglosando para ubicar en dónde están las irregularidades.
“Lo que ocurre es que muchas veces la ASE presenta los datos de manera general, “contra quien resulte responsable” y “por lo que resulte”, entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar con más detalle, para poder llegar ante un juez y presentar los hechos que se pudieran considerar un delito”, explicó.
Abundó que ha sido deficiente la información que han encontrado de manera pública respecto a los sindicatos, lo cual los ha llevado a requerir información, incluso al SNTE nacional y ello ha dilatado el proceso, toda vez que es necesario contar con estatutos y reglamentos para estar en posibilidad de revisar que facultades y que responsabilidades hay.
A decir del Fiscal, hasta el momento ha habido colaboración por parte de los actuales dirigentes de diferentes de los organismos sindicales involucrados y gracias a que los procesos de investigación no se han detenido, no existe riesgo de prescripción en ninguno de los casos.